Atendiendo a los Fundamentos de Derecho, el recurso de casación se articula sobre la base de cinco motivos, los cuatro primeros al amparo de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [art. 88,1,d)]:(“Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate), y el último sobre la base del art. 88,1,c) de la misma Ley (Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión para la parte), alegando en cada uno de los motivos, la vulneración de diversos artículos de diferentes leyes, especialmente, la LGT de 1963, siendo lo más importante a los efectos que aquí nos interesan, los preceptos relativos a la prescripción del derecho a determinar la deuda  y de la acción para imponer sanciones, no apreciada en  la Sentencia de la Audiencia Nacional, por considerar que no se había producido el transcurso de más de 4 años en la resolución de la reclamación económico-administrativa.

El TS observa que la correcta resolución del recurso comentado exige que se analice, en primer lugar, la posible concurrencia de la prescripción, toda vez que si así fuera, resultaría ocioso analizar el resto de motivos alegados. En concreto, siempre según el Tribunal, interesa examinar la alegación relativa a la existencia de una interrupción injustificada del procedimiento inspector por plazo superior a seis meses. Pero antes de entrar en el análisis de las concretas actuaciones inspectoras a las que la recurrente niega virtualidad como tales, es necesario poner de manifiesto que lo cuestionado en vía casacional no es si aquéllas tuvieron o no lugar, sino si tales actuaciones tuvieron o no valor interruptivo de la prescripción.

Así pues, analizadas por el TS las actuaciones relevantes, es decir, las diligencias que conforman el epicentro del recurso, se pone de manifiesto que no se ha producido la interrupción de la prescripción de la deuda tributaria porque aquéllas no pueden considerarse actos interruptivos de la prescripción, toda vez que, siguiendo la doctrina del Tribunal de instancia, adolecen de inconsistencia objetiva, es decir, ninguna de ellas documenta actuaciones “conducentes al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del Impuesto" que es lo que exige el artículo 66.1 a) LGT para que las actuaciones administrativas tengan eficacia interruptiva de la prescripción. Del citado precepto se deduce que no cualquier acto tendrá la eficacia interruptiva que en el mismo se indica, sino sólo los tendencialmente ordenados a iniciar o proseguir los respectivos procedimientos administrativos o que, sin responder meramente a la finalidad de interrumpir la prescripción, contribuyan efectivamente a la liquidación, recaudación o imposición de sanciones en el marco del Impuesto controvertido, por considerar que resultan meramente dilatorias.

Parece claro, por tanto, que no se cumplen los requisitos interruptivos previstos en el artículo 66.1.a) de la L.G.T de 1963, y la jurisprudencia que lo interpreta; y, en consecuencia, debe acogerse este motivo de casación, sin necesidad de entrar a examinar los restantes, por estar prescrita la obligación tributaria, así como la sanción.